Nota Editorial

Por Tuti Romain

Una nueva esperanza

Fue un acto de multitudes. Circulaban como hormigas en medio del calor incandescente de la ciudad, en el culmen del verano del hemisferio sur, entre las torres de cemento y los hierros de los andamios de construcción. Se congregaron en los alrededores de una de las principales avenidas de Buenos Aires, donde los carteles de publicidad y las luminarias se confunden con los edificios antiguos y modernos. El grito estridente de las miles de personas, en su mayoría mujeres, tomó la madrugada del 30 de diciembre de 2020 en las inmediaciones del Palacio del Congreso, cuando el Senado argentino aprobó, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Entre la efervescencia y el cansancio, entre las lágrimas y los abrazos, el país sudamericano se convertía en un lugar más justo. Las personas gestantes daban un paso adelante en el acceso a los derechos reproductivos, posicionando al activismo pro aborto del sur del continente americano como referencia para el mundo.

La nueva ley argentina situó al país entre los más avanzados de la región en la materia. Se sumaba mediante este logro a Uruguay y Cuba, además de algunas entidades federativas mexicanas, y Guyana, que ya contaban en ese entonces con leyes similares. A los pocos meses, la avanzada verde obtuvo avances en países como Ecuador, Colombia, Chile, la Guayana francesa y México, que tuvieron significativas liberalizaciones en sus reglamentaciones vinculadas al aborto.

Pero cuando parecía que el mundo se inclinaba decididamente hacia la multiplicación de políticas públicas en favor de los derechos sexuales y reproductivos, varios países, liderados ahora por fuerzas políticas conservadoras, decidieron poner un freno. Estados Unidos, por ejemplo, uno de los que había sido precursor de la garantización del aborto, empezó a cuestionarse la validez de las normas jurídicas en su jurisprudencia.

Dominó de retrocesos

Roe vs. Wade fue un caso emblemático, no sólo para Estados Unidos sino a nivel global. El fallo otorgó a las personas gestantes el derecho a abortar durante todo el embarazo y definió diferentes niveles para la regulación a nivel estatal en el segundo y tercer trimestre de gestación. Todo ello a comienzos de 1973, una época en la que sólo 18 países del mundo tenían reglamentaciones al respecto, de los cuales 15 integraban la Unión Soviética.

Por eso la conmoción mundial cuando el 24 de junio de 2022, poco antes de cumplirse el 50 aniversario de aquel acontecimiento histórico, el Tribunal Supremo estadounidense diera marcha atrás y anulara la sentencia, dejando el poder a cargo de cada estado: varios decidieron activar las “leyes desencadenantes” o “leyes de activación” y el aborto quedó restringido en 26 de los 50 estados de la unión. La nueva medida regresiva, impulsada por sectores conservadores y aprobada, en parte, por miembros de la Corte designados por el presidente republicano Donad Trump, generó un gran shock social. La BBC caratuló el evento como “un impacto político sísmico”.

Pero Estados Unidos no representó un caso aislado. El 21 de enero del 2021 el Congreso de Honduras llevó adelante una reforma constitucional para endurecer la prohibición del aborto, que ya estaba vigente desde la década del ‘80. El nuevo artículo 67 de la Carta Magna empezó a considerar “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer”, incluyendo casos de violación, incesto o cuando la vida de la persona gestante estuviera en peligro. Se estableció, además, que la norma sólo podría ser modificada si así lo decidiera una mayoría especial de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso, lo cual, hace muy difícil un cambio de dirección en el futuro próximo.

Por su parte, siguiendo el ejemplo del estado de Texas y su “Heartbeat Bill”, en 2022 el gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán impuso por decreto en Hungría “el protocolo del latido fetal”: la obligación de escuchar el latido del corazón del feto antes de abortar. Esto hizo eco y, como un dominó, provocó un impacto positivo en otros partidos derechistas de Europa.

Tal fue el caso de VOX, en España, donde Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, presentó una propuesta para que se replicara la norma en ese territorio. Según confirmó el funcionario, el único objetivo de la medida es que las personas gestantes “se involucren emocionalmente” con el feto y así evitar el aborto.

En las últimas dos décadas, Rusia, Polonia y Nicaragua fueron algunos de los países que también retrocedieron e impusieron medidas más restrictivas. A ellos se le suman los que ya tenían el aborto completamente prohibido : Andorra, Aruba, Congo, Curazao, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Haití, Honduras, Iraq, Jamaica, Laos, Madagascar, Malta, Mauritania, Palau, Filipinas, San Marino, Senegal, Sierra Leona, Suriname y Tonga.

El sur como norte global

Según el Centro de Derechos Reproductivos, son 47 los países que promulgaron leyes para ampliar el acceso al aborto desde 1994. Pero también son cerca de 90 millones las mujeres que aún viven en lugares en los que la interrupción del embarazo se encuentra prohibida bajo cualquier circunstancia; 360 millones donde solo se permite si es para salvar la vida de la persona gestante y otros 240 millones donde se puede llevar a cabo únicamente si hay motivos de riesgo para la salud. En este escenario donde todavía queda mucho por hacer, el papel de los activismos de América Latina y su lucha para asegurar el acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos se ha vuelto central. La “Marea Verde” se transformó en una figura con prominencia en términos de debate público y procesos discursivos.

Gracias a la asidua presencia en las calles (acompañada por militancia virtual a través de las redes sociales), se intensificó la aparición de los feminismos en la agenda mediática. En fechas como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), el 3 de junio (Ni Una Menos), 28 de septiembre (Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), se realizaron durante los últimos cinco años movilizaciones masivas en varias naciones de América Latina.

Con este telón de fondo, el debate sobre el aborto llegó a las escuelas, universidades, instituciones públicas y por supuesto, al ámbito doméstico de las mesas familiares. Eso permitió que muchas personas, de distintas generaciones, tuvieran su primer acercamiento a los feminismos.

América Latina devino en un ejemplo de resistencia, no sólo para Estados Unidos sino para el mundo entero. El sur, a contramano de la historia de los últimos 200 años, se convirtió en el nuevo norte global.

Esperar el efecto

La conquista de nuevos derechos para las minorías trae aparejada una retracción de privilegios de los grupos de poder. Por eso, el impulso obtenido por las organizaciones de mujeres y LGBTTIQ+ sobre los derechos sexuales y reproductivos, ha generado un fortalecimiento de los movimientos reaccionarios: políticos, religiosos y sociales.

Después de la derogación de Roe vs. Wade, el portavoz de la ONU Farhan Haq recordó que el secretario general, António Guterres, advierte desde hace tiempo la presencia de un “retroceso global” en los derechos de las mujeres, incluidos los sexuales y reproductivos.

Organizarse, fue una de las salidas que encontraron muchas organizaciones de mujeres para contrarrestar el impacto. No dar ninguna victoria como definitiva ni ningún avance como irreversible. Esperar el efecto, estar listas para hacer frente al impacto, internalizar la causa. Esa parece ser la única alternativa para sostener los derechos conquistados.

Día a día

Esta investigación surgió a partir de la incertidumbre, de un presente de avances y retrocesos y un futuro que está en duda. Durante su realización, en el diálogo territorial con quienes sufren los embates de la ilegalidad y con quienes protagonizan la primera línea de activismo a favor de la legalización del aborto en México, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos, entendimos que la superación de esta problemática es fundamental para abordar las desigualdades y construir una sociedad verdaderamente democrática y justa.

Pero sobre todo, comprendimos que la lucha debe ser permanente, que nunca un derecho se obtiene y termina el debate.

En un contexto de dicotomías como este, aún es mucho lo que resta por hacer. Hace falta trabajar sobre la conciencia colectiva y la memoria, en el tiempo, día a día, a largo plazo, para no retroceder. Hay que perseverar para escribir la Historia, sin importar lo que pase, sin importar lo que cueste.